Localizando a la carrera a los funcionarios corruptos escapados al ultramar

Por LI XIAOROU

Cierta gente supone que el crimen no se paga aunque un viejo adagio dice que los malos serán cogidos y las pagarán. Sin embargo, en los últimos meses la prensa china ha informado con frecuencia sobre funcionarios corruptos o líderes empresariales que se han llevado dinero mal habido y escapado sin consecuencias en su contra.

Yang Xiuzhu, de 58 años, era subdirectora del Departamento de Construcción de la provincia de Zhejiang. Abusando de su formidable poder en la ciudad de Wenzhou, no tardó en ser una magnate del sector inmobiliario, haciendo negocios de tierra ilegales.

Luego de ser investigada este año por su corrupción, Yang voló al extranjero dejando atrás su delito. El 20 de abril, Yang, junto con su hija, yerno y nieta, salió de China a Singapur y por último se instaló en Estados Unidos.

Según estimaciones, unos 4.000 funcionarios corruptos han huido al exterior, llevándose más de US$5.000 millones amasados a través de negocios oscuros. Pero los expertos dicen que esta cifra es demasiada baja.

"Esas cifras son caducas, porque ahora son mucho mayores", señaló un funcionario local encargada de la lucha contra la corrupción.

Esfuerzo internacional

El 27 de agosto, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra Crímenes Organizados Transnacionales, de modo que China se convirtió en uno de los 147 Estados signatarios. La Convención, que tomó efecto oficialmente el 29 de septiembre, asentó cimientos legales para el esfuerzo de anticorrupción de China en todo el mundo y su busca de la asistencia judicial de gobiernos extranjeros.

"Hasta ahora China no cuenta con medios eficaces para recuperar el dinero escapado, puesto que existen vacíos en las leyes pertinentes del país", dijo el profesor Lu Jianping, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Pueblo Chino. "El Código Penal enmendado en 1997 estipula en el Artículo 191 el crimen de lavado de dinero. La definición de este crimen aguas arriba se refiere principalmente a la venta de drogas, el crimen organizado, las actividades terroristas y el contrabando. Como la estipulación no incluye la riqueza mal habida de los funcionarios corruptos, muchos de ellos se han aprovechado de esta laguna".

A pesar de la seria escapada de funcionarios corruptos desde 1990, la Ley de Extradición demoró en ser promulgada y entró en vigor sólo el 28 de diciembre de 2000. En el trienio de 1997 a 1999, la fuga de capital de China sobrepasó los US$53.000 millones, de los cuales una gran parte eran beneficios ilícitos resultantes del abuso del poder. Sin embargo, la Ley contra el Lavado de Dinero sigue en deliberación, y China aún no se ha incorporado a organización de antilavado internacional alguna.

"Hasta finales del año pasado, tan sólo 18 países habían firmado tratado de extradición bilaterales con China, mientras que la mayoría de los países escogidos por los fugitivos, tales como Mongolia, Rusia y Laos, no tienen tratados similares con nosotros", dijo el profesor Liu Tingjie, experto en derecho internacional de la Universidad de Ciencias Políticas y Jurídicas de China.

El papel de la Convención

La profesora Shao Shaping, de la Universidad del Pueblo Chino, quien se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación sobre el control legal del crimen transnacional, acogió la Convención como un "nuevo mojón de la cooperación de la comunidad internacional en el control del crimen transnacional en el siglo XXI". Shao dijo que anteriormente, los principios, reglas y mecanismos del derecho internacional en materia del control de los crímenes relacionados con la corrupción se enfocaban mayormente en la coordinación en el ámbito de la jurisdicción y la cooperación con respecto a los procedimientos. Ahora que la Convención ha entrado en vigor, la cooperación internacional se ha expandido al campo de la ley substancial. Dado que la Convención define la corrupción como una clase de crimen, los Estados signatarios no pueden rehusar más proporcionar la asistencia judicial estipulada en la Convención so excusa de sus leyes domésticas. Y esto aliviará grandemente los problemas derivados de los factores políticos en el curso de la caza de los prófugos.

La Convención es significativa para China también por otra razón: por primera vez el país conecta la anticorrupción con la lucha contra el lavado de dinero. La Convención estipula que si un Estado signatario ha confiscado las propiedades de un funcionario corrupto a petición de otro signatario, estas propiedades, una vez confiscadas, será prioritaria su devolución al Estado que formule la petición. Por medio de este canal, China espera recuperar una buena parte de la enorme cantidad de activos llevados al ultramar por los funcionarios corruptos en los pasados años.

"En la Convención hay dos puntos importantes para el aplastamiento de los funcionarios corruptos: uno es la decisión de la pena y el otro son la extradición y la asistencia judicial", señaló Guo Yang, del Departamento de Tratados y Leyes del Ministerio de Relaciones Exteriores. "De acuerdo con el Artículo 8 de la Convención, cualquier promesa directa o indirecta u ofrecimiento de beneficios inmerecidos a los servidores públicos, y cualquier demanda directa o indirecta o aceptación de beneficios inmerecidos por parte de los servidores públicos serán considerados como delito. Esta definición es más amplia que la contenida en la actual ley china con respecto al delito de ofrecimiento o aceptación de sobornos".

Los obstáculos persisten

La Convención de la ONU ha proporcionado solamente un marco legal para la solución de los problemas, pero en cada caso específico es aún necesario que los departamentos chinos de justicia, inspección y asuntos exteriores negocien con gobiernos extranjeros. Todo departamento del Gobierno chino debe presentar evidencias suficientes para probar que el sospechoso sujeto a la extradición es culpable de un delito económico o delito cometido en su cargo abusando de su poder, para que el gobierno extranjero pueda instituir la apelación y la petición de extradición. No obstante, los expertos jurídicos dicen que debido a la falta de experiencias y conocimientos de los sistemas legales de otros países, China "no está en condiciones de valerse de las leyes y reglas internacionales relevantes para lograr su propósito".

"Mucha gente piensa que con la Convención, el delincuente puede ser extraditado de regreso a China aunque ésta no tenga acuerdo de extradición con otro país. Pero ellos están equivocados", comentó el profesor Guo Zili, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Beijing. Según él, la Convención no es más que un documento orientador, mas no coercitivo.

Guo dijo que si un Estado signatario rehusa implementar la Convención, no hay medida de penalidad específica aparte. "Ésta es la limitación de la convención internacional. Por tanto, su implementación debe apoyarse en los acuerdos entre los Estados signatarios y en la conexión de la ley de un país dado con el derecho internacional".

El profesor Zhu Wenqi, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Pueblo Chino, dijo: "Por supuesto, la Convención es significativa, pero no producirá efectos inmediatos. La cooperación internacional en el proceso de la caza de fugitivos es mucho más difícil de lo que se imagina".

Por otro lado, como China todavía mantiene la pena capital, la extradición encara barreras legales en Canadá y otros países, cuyas leyes estipulan que quienquiera que pueda ser sentenciado a la muerte no será extraditado.

"En el caso de Lai Changxing, por ejemplo, el Gobierno canadiense encuentra difícil explicar al público si Lai debe ser extraditado de regreso a China y sentenciado a la muerte", dijo el profesor Zhu.

El apoyo en sí mismo

Aunque Estados Unidos y otros países se han comprometido a golpear la corrupción en todo el mundo, los expertos jurídicos opinan que China debería apoyarse principalmente en sí misma para la anticorrupción. Uno de ellos advirtió que si China sigue teniendo leyes incompletas y desligada del derecho internacional, la Convención le sería mucho menos significativa de lo que se espera.

La profesora Shao Shaping dijo que con el fin de hacer mejor uso de la Convención, para China es necesario definir la corrupción como un delito de lavado de dinero en el Código Penal. En este sentido, se dará por sentado que los funcionarios corruptos cometen delito si transfieren su riqueza mal habida a través del lavado de dinero.

A principios de agosto, el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) emitió una circular urgente sobre las medidas de control de salvoconductos de salida del país y pasaportes del personal del Partido, de las agencias del gobierno y de los departamentos de justicia y seguridad pública. La Comisión Central de Verificación Disciplinaria del PCCh envió nueve equipos de inspección a igual número de provincias y ciudades a llamar a reuniones urgentes, además de retirar, sin aviso anticipado, los salvoconductos y pasaportes de los funcionarios de nivel distrital y superior. Los salvoconductos y pasaportes retirados están ahora bajo la "administración unificada".

Se informa que desde la noche del 3 al 5 de agosto, más de 60 funcionarios que intentaban salir del país con salvoconductos o pasaportes fueron capturados en los puertos o aeropuertos de Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Shenyang, Shenzhen, Zhuhai y Kunming.

"Esta iniciativa apunta al control en la raíz misma, de manera que ellos no puedan fugarse al ultramar en función de sus cargos", expresó un funcionario local de verificación disciplinaria.

Shao Daosheng, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo que el retiro de los pasaportes y el acceso a convenciones internacionales podrán ser disuasivos hasta cierto punto, pero que no pueden contener radicalmente la fuga de los funcionarios corruptos.

Lo más importante, añadió Shao, consiste en edificar un sistema interno fuerte contra la corrupción. Se debería elaborar una "lista negra". De esta forma, tan pronto sea descubierto e investigado un sospechoso de la corrupción, será sacado a la luz del día. Mientras tanto, se deberá avisar a los departamentos concernientes para que pongan a esa persona bajo la vigilancia y prevengan su salida del país.

Por otro lado, la administración de las empresas chinas en ultramar debe fortalecerse como parte del esfuerzo contra el lavado de dinero. Sin el apoyo de las medidas domésticas, el acceso a unas cuantas convenciones internacionales está lejos de ser suficiente, agregó Shao.