La apertura de la propiedad pública es el más reciente paso de la reforma china

Por WANG YONG

Pasados 25 años del inicio de su reforma económica orientada al mercado, China se ha lanzado por fin y de manera masiva a la piscina de la liberalización inversionista, abriendo de par en par las puestas de su colosal sector público al flujo de capital.

Pero aunque liberalice la inversión, el Gobierno chino no privatizará totalmente su sector estatal, como se apresuraron a hacer en su momento los rusos y otros europeos orientales, a finales de los 80 y principios de los 90. Lo que Beijing se propone es descentralizar todavía más los tradicionales elefantes blancos que constituyen los monopolios estatales en muchos sectores, facilitando así el acceso al mercado de los inversionistas privados chinos y extranjeros.

El 19 de noviembre de este año, un alto funcionario del gobierno anunció que China recibiría de buen grado a los inversionistas privados y extranjeros que deseen participar en la reestructuración de los activos de las empresas estatales (EE). Lo que ha diferenciado este anuncio oficial de los anteriores sobre el tema ha sido que el gobierno por primera vez ha dejado en claro que las voluminosas compañías centrales propiedad del gobierno, con activos por casi 7 billones de yuanes ($843.000 millones), y valor de titularidad total por 2,59 billones de yuanes ($312.000 millones), asumirán en lo adelante un papel protagónico en el proceso de fusión y adquisición. Li Rongrong, presidente de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (CSAAE), dijo específicamente que el gobierno “apoyaría a las grandes y medianas EE para que se desarrollen por medio de fusiones y adquisiciones, coticen en bolsa y emprendan negocios a riesgo compartido con los inversionistas extranjeros”. En el pasado, China se mostró renuente a permitir la inversión extranjera y privada en sus grandes compañías estatales, y sólo otorgó autorizaciones para acceder a negocios de poca monta.

Li declaró que la mayoría de las compañías estatales se reconvertirán en empresas a riego compartido, en las cuales el estado “no tiene que controlar el 51 por ciento del capital.” Precisó, no obstante, que aunque el estado detente un por ciento menor de lo invertido, ello no significaría que éste no pueda ejercer una influencia significativa sobre la economía. Para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros, al decir de Li, su comisión no fijará un precio base a la hora de transferir activos del Estado. La CSAAE fue establecida a principios de este año en calidad de guardián exclusivo de los activos estatales de China.

Una encuesta del Sistema de Encuestas sobre el Empresariado Chino arrojó que cerca del 40 por ciento de las 3.192 EE estudiadas han estado involucradas en una intensa búsqueda de ventas en 2003.

No es menos cierto que quedan obstáculos legales y financieros que pueden frenar la compra de EE por parte de inversionistas foráneos. Pero la experiencia previa demuestra que si el Gobierno Central fija el tono de la reforma, dichos problemas serán meras formalidades técnicas fáciles de manejar. El tema central en el mensaje de Li constituye una nueva señal de orientación en el itinerario de la reforma económica de China.

Para el premio Nobel en Economía Kenneth Arrow, profesor honorario de esa materia en la Universidad estadounidense de Stanford, la entrada gradual al mercado, más que la privatización al por mayor, suele dejar mejores resultados como preludio de la competencia para una economía en transición. La mencionada encuesta encontró que más del 30 por ciento de los inversionistas privados chinos han comenzado a adquirir, o planean adquirir, todos o una parte de los activos de las EE.

Para algunos observadores, la reforma del sector estatal puede navegar en aguas turbulentas. Wu Xiaoqiu, profesor de Economía en la Universidad del Pueblo de China, considera que las fusiones y adquisiciones entre las compañías cotizadas en China son meros arreglos especulativos. Liu Jipeng, profesor de Finanzas en la capitalina Universidad de Economía y Administración, duda del papel que pueda jugar la CSAAE en el proceso de reforma, aduciendo que la misma podría interferir demasiado en la gerencia corporativa. Hay otras dudas, por ejemplo, sobre la capacidad de China de mejorar su red de Seguridad Social, para asumir toda la mano de obra despedida por causa de las fusiones y adquisiciones. Si bien puede haber verdad en estas opiniones, es necesario ver más allá del horizonte. Si se revisan las discusiones históricas sobre la función y el destino de las EE, se comprenderá cuanto de revolucionario hay en las observaciones de Li.

China comenzó a reformar su sector estatal en 1978, cuando el Partido Comunista de China (PCCh) convocó una trascendental reunión, en la cual planteó la necesidad de la reestructuración económica. Pero la reforma en un principio se concentró principalmente en dar mayor autonomía a los responsables de las EE para manejar las mismas. No alcanzó entonces la transformación de los derechos de propiedad de los activos estatales. No fue hasta mediados de los años ochenta, que un grupo de economistas, encabezados por Li Yining, propuso intentar aplicar la reforma de las EE aplicándoles el sistema de sociedad anónima. Según un informe de la agencia oficial Xinhua, el Banco Mundial se sumó al entusiasmo reformista chino e hizo una propuesta similar en 1985. El sistema de sociedades anónimas comenzó estandarizarse en 1993, cuando China promulgó la Ley de Compañías. Pero de 1985 a 1993, muchos se opusieron a que las EE se convirtieran en sociedades por acciones o comanditarias, considerando que se trataba de una desviación del camino socialista y un regreso al capitalismo.

En 1997, el gobierno refrendó formalmente el concepto de que “el sistema de acciones es una forma de estructura de capital que puede aplicarse tanto en el capitalismo como en el socialismo”. Ese año, durante la tercera sesión plenaria del XVI Comité Central del PCCh, el sistema de empresas de acciones limitadas fue llevado a niveles nunca antes vistos, convirtiéndose en la principal forma de propiedad pública.

Es difícil asimilar las observaciones de Li si uno se limita sólo a los detalles técnicos de las fusiones y adquisiciones. China merece un reconocimiento por propugnar una apertura gradual de la economía a cada vez más inversión privada local y extranjera.