China pone en vigor un mecanismo legal dirigido a defender a aquellos que suelen quedar fuera del amparo de los abogados. De tal forma se procura hacer realidad el enunciado de que todos somos iguales ante la ley.

Por JIAN FA

Cuando el Centro de Asistencia Legal de Taiyuan le devolvió a Wang Xiangjun su salario de 800 yuanes ($96.6), retenidos por su antiguo patrón, este trabajador rural emigrante de la provincia de Shanxi, quedó mudo y con lágrimas en los ojos. Necesitado del dinero para pagar el tratamiento médico de su esposa, Wang pasó junto a los suyos por una difícil coyuntura financiera. En repetidas ocasiones había exigido que su ex empleador en otra ciudad le pagara los haberes atrasados, pero sin resultados. En viajes por este motivo gastó unos 100 yuanes ($12.1), sin otro resultado que la fatiga física y mental.

Wang, incapaz de pagar los gastos que genera una querella judicial, quedó sin más alternativa que acudir al Centro de Abogacía para Pobres de Tai-Yuan. Para su sorpresa, poco después recuperaba el dinero debido. Hoy se considera un hombre afortunado, pues lo cierto es que no confiaba mucho en la acción de este tipo de entidades judiciales.

Y es cierto que Wang ha sido afortunado. En 2003, al menos 94 millones de campesinos chinos trabajaban en zonas urbanas. A los mismos se les adeudaba un total de 100.000 millones de yuanes ($12.100 millones). Wang era uno de ellos, si bien los demás no han sido tan afortunados. Esta situación, sin embargo, está comenzando a cambiar.

El 1 de septiembre de 2003, cuando Wang consiguió su dinero, entraron en vigor los reglamentos sobre la Asistencia Legal para sectores carenciados, primeros de su tipo en China. Ello significa que ha entrado en su etapa de implementación el mecanismo de ayuda legal a estos sectores.

El artículo 3 de los reglamentos estipula que "La asistencia legal es responsabilidad del gobierno. Las entidades del gobierno popular a nivel de distrito y superiores adoptarán medidas positivas que hagan avanzar el trabajo de asesoría legal, proporcionen ayuda financiera a dicha asesoría y garanticen que los servicios de este tipo marchen a la par del desarrollo social y económico". Esta ha sido la primera vez que en China una ley coloca sobre los hombros del Estado la asistencia legal a los pobres, en lugar de dejarlo como mero deber moral del mismo.

"El propósito de los reglamentos es garantizar que los ciudadanos pobres y las personas en circunstancias especiales tengan acceso a los servicios jurídicos necesarios, de modo que se aplique la ley justa y abiertamente," afirmó Jiang Xiaoyang, doctor en constitución del instituto de abogados de la Universidad de Pekín .

El servicio de asistencia legal para pobres en China se está desarrollando de una manera sin precedentes. Desde que se adoptaron los reglamentos para este tipo de asistencia, muchos gobiernos locales han formulado sus propios estatutos para asegurarse que la misma avance sin tropiezos. A finales del año pasado, el Ministerio de Justicia organizó una actividad pública a nivel nacional llamada "Abogacía para Pobres en China" la cual ha ayudado a generar un ambiente de opinión pública propicio para el desarrollo acelerado de este servicio. Así las cosas, personas vulnerables como Wang Xiangjun no tendrán que esperar por la "buena suerte" para sentirse protegidos por la ley. "Según los reglamentos sobre la asistencia legal para pobres, ésta es un derecho, no un favor para todo ciudadano que lo necesite”, expresa Xiao Xianfu, estudioso de la Academia de Ciencias Sociales de China.

En busca de una legislación integral

Un total de 21 provincias, municipios y regiones autónomas de China han publicado reglamentos relativos a la abogacía para pobres.

Para un acceso sobre bases de igualdad a los servicios jurídicos para los pobres, a principios de 1994 el Ministerio de Justicia puso en funcionamiento un mecanismo piloto de asistencia en algunas ciudades grandes y medianas. En 1996, se sumaron estipulaciones pertinentes al Código de Procedimiento Penal y la Ley de Abogados. En enero de 2002, se incluyeron las disposiciones sobre asistencia legal a la agenda de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado. El 16 de julio de 2003, la XV reunión ejecutiva del Consejo de Estado adoptó formalmente dichos reglamentos.

De acuerdo con estadísticas del centro de asistencia legal del Ministerio de Justicia, de 1997 a 2003, las instituciones de asesoría jurídica para sectores vulnerables en todo el país proporcionaron servicios de consulta a 6,4 millones de personas y ofrecieron asistencia en 800.000 casos. En conjunto, 970.000 personas vieron sus derechos protegidos por medio de estos servicios.

Según un despacho de la Agencia de Noticias Xinhua, en 2003, las instituciones de abogacía para pobres del municipio de Chongqing, en el sudoeste China, ayudaron a casi 15.000 personas que no podían pagarse un abogado a recuperar 115 millones de yuanes ($13,9 millones) en salarios atrasados.

Pero a pesar del acelerado desarrollo de los servicios referidos, queda mucho aún para cubrir las demandas. Según Yang Yong, abogado del Centro de Asistencia Legal del Ministerio de Justicia, cada año se presentan 700.000 casos necesitados de este servicio, pero solamente 170.000 lo obtienen.

En opinión de Yang, ello obedece principalmente a la escasez de fondos para prestar la asistencia. En muchas ciudades, los fondos para este propósito provienen principalmente de las asignaciones gubernamentales. Actualmente, las asignaciones financieras para la asesoría jurídica llegan a apenas 6 yuanes ($0.72 centavos) mientras que los subsidios por cada caso promedian 60 yuanes ($7.2).

La asistencia también necesita que la asistan

El mayor obstáculo para el desarrollo de la asesoría jurídica en China sigue siendo el aspecto financiero. ¿Cómo superar este atolladero? Según las reglamentos pertinentes, todos los niveles del gobierno deben proporcionar apoyo financiero para este fin. Este año, los gobiernos de Shanxi, Chongqing y otras localidades han comenzado a incluir los gastos de asesoría en los presupuestos fiscales locales. En Chongqing, se publicará en forma regular el uso dado a los fondos de asistencia legal, los cuales quedarán sujetos al escrutinio de los departamentos financieros o de auditoría.

A pesar de estos logros, el ministro de Justicia, Zhang Fusen, sostiene que es difícil dejar la asesoría a expensas solamente de las asignaciones presupuestarias locales, dado el dispar desarrollo económico de las diversas regiones de China. Como empresa pública de bienestar, la abogacía de pobres equitativa requiere la contribución de un número diverso de fuentes como sea posible suplir áreas más pobres. Con este fin, el Gobierno chino ha establecido la fundación de la abogacía de pobres de China para conseguir y administrar donaciones domésticas y del exterior.

En diciembre de 2003, la firma GM de China donó 175.000 yuanes ($21.135) para establecer un fondo especial en el centro estudiantil de abogacía para pobres de la Universidad de Política y Derecho del Este de China, en Shanghai. Ésta ha sido la primera vez que una compañía transnacional ha proporcionado “ayuda” a una organización no gubernamental de abogacía de pobres en China.

Otro obstáculo es la carencia de abogados dispuestos a trabajar en este frente por los bajos salarios que se reciben. Según la Agencia de Noticias Xinhua, en septiembre de 2003, había unas 9.000 personas contratadas para servicios de abogacía para pobres en China. Solamente la mitad de ellas eran abogados de profesión.

Los abogados a tiempo completo resultan vitales para el servicio de asesoría jurídica. Sin embargo, 4.500 abogados apenas dan abasto ante la demanda de más de 170.000 casos cada año y el servicio de consulta a 6,4 millones de visitantes y solicitudes de apoyo legal. Por otra parte, los bajos sueldos bajos desestimulan a los letrados, que con frecuencia se niegan a trabajar en las entidades asesoras.

Actualmente, hay cerca de 120.000 abogados en China. Según la ley que regula su labor, un abogado debe atender de uno a tres casos de privilegios de pobreza cada año. Pero lo cierto es que debido a los limitados recursos existentes para tal fin, los fondos estatales resultan insuficientes para cubrir los gastos de los letrados. Por lo tanto, es poco realista en las actuales condiciones esperar que un gran número de abogados privados se dedique a la asistencia legal.

Algunos expertos se pronuncian por reglamentos de apoyo que generen incentivos para que los abogados talentosos asuman esta labor, mejoren la calidad del servicio jurídico y eleven la remuneración de los profesionales de este rubro.