Venezuela en tiempos de turbulencia política

--Debido a la diametral oposición entre los seguidores y los opositores del Presidente Hugo Chávez, así como el persistente declive de la economía nacional, la situación política de Venezuela sigue siendo precaria.

por Jiao Zhenheng

(El autor trabaja en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China)

El 2 de diciembre de 2002, los opositores al Presidente Hugo Chávez, encabezados por la Confederación de Cámaras Empresariales de Venezuela, la Unión de Obreros de Venezuela y la Unión de las Partidos de Oposición, comenzaron la cuarta huelga nacional desde diciembre de 2001. La situación empeoró el 7 de diciembre, después que hombres armados abrieran fuego en una plaza de Caracas, capital del país, matando a tres huelguistas e hiriendo a más de veinte personas. Los organizadores de la huelga culparon al Gobierno de Chávez por el incidente. Al día siguiente, decenas de miles de venezolanos participaron en una asamblea contra el mandatario, a quien exigieron dimitir.

Después de casi ocho meses, el Presidente Chávez tomó medidas para estabilizar la situación nacional. Con el fin de aliviar las contradicciones con sus opositores, mantuvo diálogos con ellos y procuró la conciliación en el país. Aún así, se mantuvieron los conflictos entre los seguidores de Chávez y sus enemigos, con reiterados  y masivos actos de protesta que han mantenido al país en medio de un perenne estado de agitación.

El 11 de abril de 2002, tuvo lugar un cambio inesperado en Venezuela. Algunos altos líderes militares protagonizaron un golpe de Estado y declararon el derrocamiento de Chávez. Aunque el golpe fue abortado en breve, sus instigadores obtuvieron el apoyo de una parte del público. En los días siguientes, éstos atacaron constantemente a la administración chavista.

En mayo, los principales partidos de oposición formaron una alianza política anti-Chávez, a quien exigieron reducir su mandato presidencial, de seis años a cuatro, y demandaron una elección general inmediata con la intención de devolver el poder político a los partidos políticos tradicionales.

La Confederación de Obreros de Venezuela, que se mostró extremadamente activa en el golpe de Estado de abril, ha mantenido en constante jaque al Gobierno de Chávez. El Presidente de dicha entidad, Carlos Ortega, se pronunció asimismo por la salida  del mandatario. Algunos patriarcas de los partidos políticos tradicionales también han participado en el coro anti-Chavez. El ex Presidente Rafael Caldera, por ejemplo, impugnó la constitución promulgada en 1999 en una asamblea pública. Algunos miembros de la oposición condenaron a Chávez por los muertes ocurridas el 11 de abril, y le acusaron junto a los miembros de su partido de aceptar donaciones ilegales para las elecciones del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, de España y de estar involucrado en otros delitos financieros.

Instigadas por la oposición, las demostraciones antigubernamentales se han extendido a todo el país, cada vez con mayor ímpetu y la participación de cerca de un millón de personas. A principios de noviembre, la oposición presentó una petición firmado por dos millones de personas al Comité Nacional Electoral, pidiendo un referéndum inmediato para determinar el destino del Gobierno de Chávez. Después de que el presidente rechazara las demandas opositoras, estalló la huelga general del 2 de diciembre.

Al mismo tiempo, hay indicios de que algunos militares están planeando un segundo golpe de Estado. Después del fracaso del putsch de abril, los militares de la oposición continuaron las actividades antigubernamentales. En declaraciones al diario local El Universal el 5 de mayo exhortaron a las fuerzas armadas a cejar en su apoyo a la Administración de Chávez. El 20 de junio hubo un piquete anti-gubernamental dirigido  por una de estas agrupaciones castrenses.

El 22 de octubre, 14 generales en servicio activo anunciaron su oposición al gobierno y llamaron a las fuerzas armadas a participar en la alianza anti-Chavez. La creciente fracción contraria al presidente en el ejército es la amenaza más seria que encara el ejecutivo.

Otra importante causa de la caótica situación política ha sido la imposibilidad para Chávez de colocar bajo su control a la Corte Suprema y la policía. Entre los 20 altos magistrados de la Corte Suprema, 11 pertenecen a la oposición. El jefe de la policía en Caracas también apoya el antichavismo y se pronunció a favor del golpe de Estado de abril. Durante el efímero régimen ilegal de Pedro Carmona, la policía de la capital quedó bajo sospecha de haber estado involucrada en la persecución y matanza de seguidores de Chávez.

Después del golpe de Estado de abril, la Corte Suprema juzgó a cuatro oficiales de alto rango involucrados en la intentona. El 14 de agosto, con una votación de 11 contra 8, la Corte Suprema revocó las acusaciones contra ellos, con el pretexto de que las evidencias disponibles no eran suficientes. Al estar la policía y la Corte Suprema bajo control de los opositores al Presidente Chavez, su mandato enfrenta una severa amenaza.

La economía venezolana se ha mantenido en declive en 2002. Con el fin de mejorar la situación económica, el Presidente Chávez ha llevado a cabo un reajuste económico, incluidos la reducción de gastos, la eliminación del control de la tasa de cambio de divisas y la adopción de una tasa de cambio flotante y el aumento de intereses. Sin embargo, en lugar de impedir la caída de los indicadores económicos, las medidas causaron un pánico social. La divisa local, el bolívar, sufrió una notable devaluación y condujo al asedio de los bancos. La producción doméstica bajó de manera continuada.

En la primera mitad de 2002, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela descendió en un 7,1%. De enero a mayo, la tasa de inflación alcanzó el 10,5%, y en mayo, fue de 18,3%. La tasa de interés excesivamente alta y la caída del consumo doméstico causaron grandes pérdidas a las empresas medianas y pequeñas. Unos 5.500 empresas quebraron en los pasados tres años. En el presente, la población en paro del país sobrepasa el millón 800.000, para una tasa de desempleo del 24%. Más del 44,1% de los 23 millones de venezolanos enfrentan duras condiciones de  vida, y casi la mitad de ellos viven en la pobreza. El banco central de Venezuela estimó que el PIB del país descendió en un 9,9% en la segunda mitad de 2002, marcando el inicio de la más seria depresión en las pasadas cinco décadas.

Frente a esta complicada situación y el peligro de otro golpe de Estado, el Gobierno de Chávez debe tomar medidas enérgicas que neutralicen a la oposición, fortalezcan su control, den continuidad a sus esfuerzos en busca de una reconciliación nacional, y mejoren la situación económica. Sólo así podrá el gobierno fortalecer y estabilizar la situación doméstica.